domingo, 19 de noviembre de 2017

7 millones de personas al borde de la hambruna: la crisis que Arabia Saudí está provocando en Yemen.


Yemen, una de las crisis humanitarias más grave del siglo XXI.

Sepultada bajo toneladas de actualidad informativa, la guerra civil de Yemen ha macerado en un segundo plano hasta convertirse en una de las crisis humanitarias más dramáticas del siglo XXI. Con más de un millón de personas víctimas de una brutal epidemia de cólera (600.000 de ellas niños) y casi 7 millones de personas al borde de la hambruna, Yemen se acerca a un abismo espantoso.

¿Pero qué ha sucedido exactamente y quiénes son los responsables? Para entenderlo, hay que retroceder varios años en el tiempo y dirigir la mirada hacia el norte del país. En concreto, hacia Arabia Saudí. La misión militar desplegada por la monarquía salafista ha incluido bombardeos a instalaciones civiles, asesinato de víctimas inocentes, bloqueos económicos de las regiones insurgentes y un desinterés total en aliviar la penosa situación de la población.

Yemen afronta de este modo su tercer año de guerra civil, un conflicto cuyo marco global es más amplio, y en el que las luchas de poder regionales entre Arabia Saudí e Irán juegan un papel fundamental. Una crisis, en definitiva, de gravísimas consecuencias, de compleja resolución y a la que, para colmo de males, como en casi todos los conflictos abiertos en Oriente Medio, no son ajenas las potencias occidentales. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí?
Yemen: historia de una desestabilización

2011: todos los países del orbe árabe, desde Marruecos a Bahréin, se ven sacudidos por una oleada revolucionaria que se lleva por delante al gobierno tunecino, depara miles de muertos en las calles de El Cairo, inicia una guerra civil sangrienta en Siria y finiquita al estado libio. En Yemen, como en la mayor parte de países de la zona, las protestas son multitudinarias y la inestabilidad, preocupante.

El ambiente proto-revolucionario se prolonga hasta 2012, cuando la posición del presidente yemení, Ali Abdullah Saleh, se hace insostenible: tras dos décadas largas al frente del país, las multitudinarias manifestaciones callejeras, la espiral de violencia y el improbable apoyo del ejército provocan su caída. Tras unas elecciones de cartón, el régimen se perpetúa eligiendo a Abd Rabbuh Mansur Hadi como nuevo presidente del país. La situación se estabiliza.

Sin embargo, la nula expectativa de reforma democrática agrieta las tradicionales brechas regionales de Yemen. En 1994, Yemen se había partido en dos: propulsada por el tribalismo social, un movimiento de carácter socialista en el sur y una minoría chií en el norte, la guerra se saldó con una declaración de independencia infructuosa y la victoria de las fuerzas unionistas, que habían logrado mantener al país unido hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI. Unido, que no pacificado.

El foco de insurgencia más importante durante los años tranquilos surgía de las regiones norteñas, en concreto de Ansar Allah, conocidos informalmente como los Houthis. El movimiento tenía un profundo carácter religioso, pero a diferencia de la mayor parte de radicalismos políticos presentes en la península arábiga, era chií. En un país de mayoría suní, las reivindicaciones políticas de los Houthis eran relativamente consistentes con el clima de Oriente Medio durante los últimos veinte años. Pese a todo, Saleh se las arregló para firmar eventuales treguas y mantener a raya a la insurgencia.

A la altura de 2014, la situación había cambiado. El descontento opositor con la llegada de Hadi originó un nuevo conflicto en el norte. La movilización del grupo paramilitar, muy numeroso, le permitió tomar la capital, Sana’a, ante la inacción de la mayor parte del ejército gubernamental. A consecuencia, Hadi se vio obligado a negociar una reforma que incluyera la redacción de una nueva constitución y que consagrara mayor acceso al poder a los grupos opositores. En septiembre de 2014, la ONU sancionó el acuerdo para la formación de un gobierno de “unidad”.

Sin embargo, las circunstancias se precipitaron en enero 2015. Con objeto de obtener una mayor palanca negociadora, las fuerzas Houthi rodearon el palacio presidencial y se reclamaron la autoridad única e inequívoca de todo el país. El gobierno de Hadi dimitió en pleno, obligado por las circunstancias, y los Houthis disolvieron el parlamento y formaron un comité revolucionario. Derrotado por el golpe, Hadi huyó de la capital y se refugió en Aden, al sur del país.

Desde allí se declaró el presidente legítimo del país. Apoyado por una parte del ejército, Hadi inició la contraofensiva. De forma muy similar a Siria, aunque varios años después, Yemen se sumergía en una turbulenta, sangrienta guerra civil.
La crisis humanitaria y el papel saudí

El resultado, hoy, espanta. Por un lado, el país atraviesa un estadio de destrucción incomparable: las infraestructuras más básicas han sido voladas por los aires por las fuerzas internacionales aliadas de Hadi, numerosos colegios, edificios públicos y hospitales han quedado completamente paralizados (se calcula que sólo el 45% de las instalaciones sanitarias continúan funcionando), más de 15.000 personas han perdido la vida y alrededor de 3 millones se han visto desplazadas.

A los números habituales de una guerra cualquiera hay que sumar las inesperadas consecuencias del brote de cólera que asola al país desde hace un año. Los números son gravísimos, no comparables a prácticamente ninguna crisis humanitaria de las últimas tres décadas exceptuando Haití. Se calcula que hay alrededor de 800.000 casos, la abrumadora mayoría de ellos infantiles. A finales de años se superará el millón (se reportan 4.000 nuevos infectados diarios).

La epidemia es incomparable por su velocidad. Mientras en Haití se alcanzaron los 800.000 casos en más de un lustro, Yemen ha superado la cifra en menos de un año.

¿El motivo? Como se explica en este reportaje de The Guardian, la ruptura total del sistema sanitario. Parte del problema reside en la brutal implicación de Arabia Saudí en el conflicto: interesada en sostener a Hadi y en combatir la influencia iraní a través de los Houthis, bombardeó los principales centros económicos durante los primeros compases de la guerra, llegando a cortar todo suministro eléctrico a Sana’a o destruyendo las potabilizadoras que abastecían a la capital. La destrucción material buscaba paralizar la logística Houthi, pero en el camino se cebaba con la población civil, sin luz, sin agua potable, sin refugio.

De forma paralela, las fuerzas de Hadi y las saudíes impusieron un estricto bloqueo, recrudecido tras el lanzamiento de un misil de los Houthis a Riyad hace una semana. A consecuencia, el territorio controlado por las fuerzas insurgentes ha quedado aislado tanto por mar (ocupa la mayor parte del Mar Rojo yemení) como por carretera, dado que las autovías y las carreteras se han visto o bien destruidas o bien bloqueadas. Así, ni víveres ni medicamentos ni asistencia de algún tipo llega a las zonas afectadas por el cólera.

La crudeza del bloqueo y los rigores de la guerra han escalado de forma rápida y precipitada hacia una crisis alimentaria. Según la FAO, hoy hay 7 millones de personas al borde de la hambruna en Yemen. Este otro artículonarra sobre el terreno escenas de verdadero terror, centradas en niños desnutridos que a duras penas pueden ser atentidos en los atestados hospitales yemeníes. Alrededor de 17 millones, dos tercios del país, afrontan dificultades de abastecimiento.

En Yemen se ha producido una tormenta perfecta: al intenso bloqueo provocado por las fuerzas aliadas hay que sumar el virtual colapso del sector agropecuario en el país. Se calcula que la producción de alimentos locales ha caído en un salvaje 40%. Sumado al difícil acceso de provisiones externas, a la dificultad de acceso a agua potable y a la proliferación de enfermedades de toda clase (fruto del hundimiento del sistema sanitario y de vacunación), el panorama es desolador. Y tiene difícil solución.

Los motivos de Arabia Saudí en Yemen

No es algo que la comunidad internacional desconociera hace un año, cuando se cimentaron las causas que están llevando a Yemen a la tragedia. En su día, Obama ya aprobó la venta de nuevo material militar al ejército saudí a sabiendas de que sería utilizado en la lucha contra los Houthis en Yemen. Y Estados Unidos y Reino Unido apoyan activamente, junto a Emiratos Árabes Unidos, la intervención saudí. Es importante desde un punto de vista estratégico.

La cuestión es Irán. Desde hace más de una década, Arabia Saudí e Irán se están disputando una gigantesca esfera de influencia en Oriente Medio. No lo hacen directamente, sino a través de conflictos que ejercen de proxy. Siria es uno de ellos: mientras Irán protege a Al-Asad, chií y tradicionalmente lineado con postulados antagónicos a los americano-saudíes, la monarquía arábiga apoya a los insurgentes y a los rebeldes. La dinámica se repite en otros escenarios, no siempre con un conflicto mediante.

En Yemen, sin embargo, sí hay guerra. El carácter revolucionario chií de los Houthis hace que Arabia Saudí haya interpretado la insurrección como una cuestión crucial. A nivel estratégico el país es clave: patio trasero de la realeza saudí, su posición a orillas del Mar Rojo y en pleno estrecho de Bab el-Mandeb ha representado históricamente una puerta de acceso al África subsahariana. Pese a que Irán niega relación directa con los Houthis, la presencia de un movimiento hostil a los saudíes en tan delicado espacio es inasumible para Riyad.

Si a esto sumamos el carácter brutal del estado saudí y su total indiferencia por la opinión de la comunidad internacional (es un país económicamente autosuficiente cuya alianza con Estados Unidos le aísla de cualquier embargo y que no tiene que rendir cuentas ante su propia población), el resultado es una crisis humanitaria de volúmenes insospechados e incomparables en el siglo XXI. Sólo el tiempo dirá si la presión mediática y las reivindicaciones de las organizaciones humanitarias fuerzan una relajación del cerco o la resolución de la guerra.


El antecedente de Siria no invita al optimismo.



sábado, 18 de noviembre de 2017

Lanzan micrositio sobre mujeres indígenas y sus derechos humanos.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanza hoy un nuevo sitio interactivo sobre las mujeres indígenas y sus derechos humanos en América, basado en el informe temático recientemente publicado.

El micrositio difunde los conceptos clave del informe publicado con el apoyo del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) de manera ágil e interactiva.

Aborda los principios rectores que deben guiar la acción de los Estados en sus prácticas y políticas en materia de mujeres indígenas, la violencia que esta población enfrenta en distintos contextos, las barreras que encuentra para acceder a la justicia y a sus derechos económicos, sociales y culturales, entre otros aspectos.

Además, resume las recomendaciones de la CIDH dirigidas a los Estados para ayudarlos a garantizar los derechos humanos de las mujeres indígenas. Este micrositio está disponible en idioma español. Visítelo aquí.

Visite el micrositio multimedia con un clic en el siguiente enlace:




Para dirigirse a la CIDH la dirección de correo postal es: 

CIDH
Sede / Headquarters
1889 F Street NW
Washington, D.C. 20006

viernes, 17 de noviembre de 2017

Los rohinyás afrontan un genocidio. No podemos ser meros espectadores.



En los últimos dos meses, más de 600.000 rohinyás se han visto expulsados de sus hogares, han visto destruidas sus tierras y han soportado torturas y violaciones mientras buscaban un lugar seguro. ¿Recordamos lo que sucedió en Ruanda? Pues prestemos hoy atención a Myanmar. 

Se suele describir a los rohinyás [o ruaingás] como el pueblo más perseguido de la Tierra. Se trata de un grupo étnico principalmente musulmán, y pese a haber vivido en el estado de Rakáin durante siglos, se les niega la ciudadanía. Durante años se han restringido sus movimientos y se les ha negado acceso a la educación, la atención sanitaria y otros servicios básicos. 

So capa de luchar contra la insurgencia o el terrorismo, los rohinyás han sufrido lo que las Naciones Unidas han denominado “un caso de libro” de limpieza étnica. Desde el 25 de agosto, casi la mitad de la población rohinyá de Myanmar ha sido expulsada, uno de los desplazamientos de personas más rápidos de los últimos decenios. 

Bangladesh ha abierto sus fronteras y está hacienda lo que puede, lo cual es mucho para el país más densamente poblado de la Tierra, que lucha ya contra la pobreza y las consecuencias del cambio climático. 

La respuesta internacional a la crisis rohinyá ha quedado bastante por debajo de lo que se necesitaba, y los líderes mundiales no han ejercido suficiente presión política sobre el gobierno. 

Myanmar ya no es un Estado paria; tiene un gobierno elegido democráticamente y se ha visto inundada de inversión extranjera directa en los últimos años. 

Las grandes empresas que han invertido en esta region deben hacer oír su voz y desinvertir en ella hasta que se respeten los derechos humanos, o se harán también cómplices de estos horrendos actos. 

Este viernes [10 de noviembre] los líderes mundiales se reunirán en la cumbre de ASEAN, pero la crisis rohinyá no aparece por ningún lado en el orden del día. Apelamos a estos líderes para que presionen al gobierno de Myanmar a fin de que detenga estas atrocidades, conceda la ciudadanía a los rohinyás y les permita regresar a los lugares que consideran su hogar. 

Los países deben financiar plenamente el llamamiento de las Naciones Unidas y cerrar la diferencia de financiación que está dejando a niños traumatizados sin alimentos básicos, sin agua ni cobijo. Por ultimo, los estados miembros de las Naciones Unidas deben valorar qué esfuerzos diplomáticos pueden permitirles cumplir con su responsabilidad de proteger a los rohingyas. No debemos ser meros espectadores de este genocidio. No podemos permitir que la gente sea masacrada y se incendien sus casas para expulsarlos, mientras el mundo se queda mirando. 

Firman esta declaración (en orden alfabético): 

Waris Ahluwalia, Babi Ahluwalia, Sachin Ahluwalia, Riz Ahmed, Utkarsh Ambudkar, Aziz Ansari, Dev Benegal, Gotham Chopra, Nandita Das, Rana Dasgupta, Anil Dash, Kiran Desai, Noureen DeWulf, Geeta Gandbhir, Vikram Gandhi, Shruti Ganguly, Janina Gavankar, Neelam Gill, Maneesh Goyal, Arjun Gupta, Mohsin Hamed, Hitha Prabhakar-Herzog, Anadil Hossain, Vijay Iyer, Sakina Jaffrey, Madhur Jaffrey, Poorna Jagannathan, Riddhika Jesrani, Rega Jha, Mindy KalingRaghu Karnad, Siddhartha Khosla, Hari Kondabolu, Shruti Kumar, Anjali Kumar, Hari Kunzru, Ajay Madiwale, Karan Mahajan, Rekha Malhotra, Aasif Mandvi, Sunita Mani, Nimitt Mankad, Suketu Mehta, Hasan Minhaj, Smriti Mundhra, Ajay Naidu, Aparna Nancherla, Kumail Nanjiani, Karuna Nundy, Maulik Pancholy, Joseph Patel, Shomi Patwary, Freida Pinto, Shaifali Puri, Aniq Rahman, Saira Rao, Zuleikha Robinson, Salman Rushdie, Reema Sampat, Reshma Saujani, Nikil Saval, Sumana Setty, Shiza ShahidKamila Shamsie, Anoushka Shankar, Sheetal Sheth, Sonejuhi Sinha, Madhureeta Goel, Southworth Lakshmi, Sundaram Himanshu Suri, Sonali Thimmaya, Pej Vahdat. 

Fuente: The Guardian, 10 de noviembre de 2017 

Traducción: Lucas Antón

jueves, 16 de noviembre de 2017

Iglesias evangélicas y el poder conservador en Latinoamérica.


Por Javier Calderón Castillo

Celag, 14 de noviembre, 2017,- La participación pública de pastores y seguidores de iglesias evangélicas o neopentecostales en los procesos electorales viene creciendo y haciendo sinergia en la ofensiva conservadora vivida en la región. Se han vuelto una parte activa, con diversos niveles de protagonismo, de las facciones de derechas en sus respectivos países. Participan en elecciones –con candidaturas propias o pautadas– utilizando su poder simbólico y retórico para vincular las creencias de la fe a la elección de ofertas políticas, canalizando la desesperanza social de la población/feligreses (en su mayoría pobre) y su enojo con los partidos políticos (que no les articulan, ni les dan respuestas) de tal manera que combinan el poder de convicción de la predestinación religiosa de la salvación pos-existencial al discurso político de un porvenir moralizador y bíblico como redención terrenal.

Según informes periodísticos, existen más de 19 mil iglesias neopentecostales en el continente, que organizan a más de cien millones de creyentes, es decir, una quinta parte de sus habitantes(1). Estas cifras indican un desplazamiento de la Iglesia Católica, con sus distintas congregaciones, como estructuras mediadoras del poder simbólico de la fe de los latinoamericanos(2). La estructura de la iglesia católica parece haber perdido el monopolio de la fe y poco a poco va dejando de ser el bastión de legitimación -de evasión o consulta- de las creencias y ofertas políticas(3) para la mayor parte de la población.

Los neopentecostales, sin embargo, no son los primeros grupos religiosos en participar abiertamente en política. En la segunda mitad del siglo pasado –desde 1947– se organizaron partidos políticos afiliados a la doctrina europea de la democracia cristiana, con muy diversas posturas políticas nacionales, llegando a ganar la presidencia en algunos países (Chile, República Dominicana, Colombia, Venezuela, entre otros) y teniendo ministros, senadores y diputados en todo el continente(4). Aunque se trata de un proyecto en decadencia que en la actualidad no moviliza la fuerza política lograda en el siglo XX, este precedente establece –con algunas diferencias– un antecedente del “fenómeno” evangélico o neopentecostal.

Los rasgos distintivos de la participación política de los neopentecostales, pastores y sus iglesias, se pueden sintetizar en cuatro:
Posturas ultra-conservadoras en relación con la familia y restrictivas de las libertades sociales.
Abiertos defensores del neoliberalismo y la sociedad de consumo.
Gran capacidad económica ligada al aporte-convicción de sus feligreses.
Despliegue mediático a partir de sus propias emisoras, canales de televisión y redes sociales.

Antes de analizar esos rasgos de participación, veamos el mapeo de los partidos políticos evangelistas, sus alianzas y el porcentaje de adhesión de feligreses:
Partidos políticos evangélicos-neopentecostales



I

Los pastores neopentecostales se caracterizan por su capacidad de oratoria y el carisma sobre las multitudes. Se basan en las enseñanzas de las iglesias pentecostales norteamericanas fundadas a comienzos del siglo XX, de las cuales toman su doctrina religiosa centrada en la difusión y estudio del evangelio, en búsqueda del “avivamiento y encuentro con el espíritu santo como experiencia vital del pentecostal”(20). Eso hace que los feligreses tengan una identidad y fuerte adhesión a su Iglesia de base, más que a una estructura lejana como el Vaticano. Critican a la Iglesia católica por tener como referente al Papa (al que llaman un falso profeta) y recurren a la polémica luterana sobre la popularización masiva de la lectura y el estudio de la Biblia(21). Se puede decir que su desarrollo y expansión en Latinoamérica no es casual por la focalización en grupos indígenas y sectores excluidos, lo cual puede calificarse como una acción de inserción neocolonial.

En Brasil, donde reunen a cerca de 22 millones de militantes pentecostales, se han convertido en un partido político con influencia decisiva sobre los destinos de la nación(22). Antes del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, Eduardo Cuhna lideró la bancada evangelista para impedir la concreción de normas a favor de derechos reproductivos de las mujeres y fue el líder del impeachment –juicio parlamentario- que terminó expulsando a la presidenta electa por voto popular(23).

Interpretan las escrituras biblícas como argumentos políticos en contra de procesos políticos progresistas. En Colombia jugaron un papel central en contra de ratificar el Acuerdo de Paz de La Habana en el plebiscito en 2016. Se han aliado con el senador y ex presidente Álvaro Uribe, quien tiene en sus listas al Congreso a pastores de la Iglesia del Avivamiento, Ríos de Vida, la Adventista y otras(24). Los más de 10 millones de feligreses de 266 iglesias neopentecostales fueron convocados a votar por el NO, en contra del Acuerdo de Paz, porque supuestamente atentaba contra el concepto de familia. Una interpretación hecha a conveniencia y contraria al enfoque de género incluido en el acuerdo como transversal, que se refiere a la inclusión de las mujeres en la construcción de la paz, bastante alejado a cualquier otra consideración de orden moral o de estructuración de la organización familiar (cualquiera que sea)(25).

La agenda política de los grupos/partidos evangélicos en todo el continente parece ser similar al movimiento de “Tradición, Familia y Propiedad” surgido en los años 60 en el Cono Sur y vinculado a acciones a favor de las dictaduras(26). Aunque este grupo fuera contrario al protestantismo, coinciden en su oposición conservadora a cualquier alteración del orden patriarcal de los roles de mujer y hombre, de cualquier aspecto sexual distinto a la reproducción y niegan cualquier idea liberal o progresista de la familia o las reformas para ampliar derechos y la democratización de la sociedad.

II

En general, la política a la que adhieren o promueven los pastores y las iglesias pentecostales es coincidente con el neoliberalismo, como lo expresan las iglesias evangelistas colombianas y centroamericanas, quienes fomentan la “ética protestante” ligada al libre comercio, al trabajador exitoso, ahorrador, constante y abnegado, donde “el éxito material aparece como una prueba de elección por Dios. Si un individuo gana mejor en su vida, estará tentado a asociar ese progreso a su Iglesia, y a involucrarse aún más”(27). Otros pastores optan por posturas pragmáticas de derechas, como el actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, del Partido Republicano Brasileño y pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, quien acompañó al PT siendo Lula presidente y él senador -aunque retornó a su causa en contra de Dilma Rousseff y en la actualidad está apoyando al gobierno de Temer y sosteniendo posiciones neoliberales en la gestión de la alcaldía carioca(28)-.


En general, por sus adhesiones o apoyos a partidos ultra conservadores como se observa en la Tabla 1, se puede afirmar que los evangelistas están más cerca del neoliberalismo que de la justicia social. 

También existen algunos grupos evangelistas que apoyan a gobiernos progresistas como en Nicaragua y en menor medida en El Salvador, manejando un discurso pragmático de funcionalidad con el gobierno o, como ocurrió en el proceso de formación y desarrollo de la democracia cristiana, sectores de la iglesia interpretan la función social de la iglesia de formas distintas a la neoliberal(29). En general, por sus adhesiones o apoyos a partidos ultra conservadores como se observa en la Tabla 1, se puede afirmar que los evangelistas están más cerca del neoliberalismo que de la justicia social.

III

Sólo en Brasil, las autoridades fiscales reportan que las iglesias evangelistas movilizaron, en 2015, 25 mil millones de reales (7 mil millones de dólares), una astronómica cifra que le ha permitido un crecimiento exponencial a las iglesias, que manejan franquisias y sus propios templos en cualquier pueblo, ciudad o país del mundo. Las iglesias evengelicas o neopentecostales están expandiéndose de Brasil a todo el mundo, en especial a los países de Latinoamérica y África(30).

En Colombia tienen reportados activos por 5 mil millones de dólares(31). En los demás países no se conocen los montos que manejan los miles de pastores y sus iglesias, aunque se especula que es un “gran negocio de la fe”, una relación económica que no está regulada en algunos países, donde no pagan impuestos, ni los pastores están auditados por entidades del Estado que certifiquen ingresos y egresos, tipo de gastos y destinación de las ganancias(32). También cada feligres ayuda como predicador de la iglesia al desarrollar las campañas políticas, sin mediaciones clientelares y autofinanciados.

De acuerdo a lo reportado en Brasil y Colombia, los ingresos económicos de las iglesias evangelistas en los demás países de Latinoamérica son altos, y al no ser auditados pueden destinarse a apoyar partidos políticos, o las propias candidaturas de los pastores. Una ventaja singular en la política latinoamericana, donde las campañas electorales son cada vez más profesionales y más costosas(33). Podríamos estar ante un escándalo de la misma magnitud que el de Odebrecht.

IV

Las iglesias evangelistas también tienen una enorme red de emisoras de radio y canales de televisión. Algunos pastores justifican estas inversiones porque es la manera de llegar al creciente número de feligreses, “ya no pueden atender a tantos de forma presencial”(34), lo cual acrecienta el poder simbólico a desplegar por dichas organizaciones basadas en la fe. Al tiempo que son la forma de exposición mediática/política que genera una ventaja sobre los demás candidatos.

En Brasil, estas iglesias están apoyadas por la cadena Rede Records, de propiedad del Pastor Eder Mecedo, un potentado y multimillonario evangelista quien dice haber vendido más de 10 millones de copias de 34 libros, escritos sobre distintas temáticas, ayudado por sus feligreses que están repartidos en 147 países del mundo en la Iglesia Universal del Reino de Dios(35), la misma del actual alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Cravella. Un sistema copiado por todas las iglesias evangélicas del continente y con una capacidad de generar mensajes culturales muy fuertes, construyendo no sólo una ética pentecostal económica y moral, sino una estética ligada a la fe, la política y la predicación del evangelio.


Son actores políticos emergentes, con una fuerza de cohesión sobre sus feligreses/votantes, que logran desequilibrar elecciones y son apetecidos por todas las formaciones políticas que coinciden con sus postulados religiosos y conservadores 

Estos rasgos distintivos de las iglesias evangélicas son tan sólo la puerta de entrada para conocer un fenómeno que congrega multitudes en búsqueda de redención moral y la refrendación del mito de la predestinación, que está haciendo tránsito de forma creciente a la política, buscando integrar en el Estado los preceptos y verdades bíblicas que se pensaban superadas por la conquista del laicismo estatal. Son actores políticos emergentes, con una fuerza de cohesión sobre sus feligreses/votantes, que logran desequilibrar elecciones y son apetecidos por todas las formaciones políticas que coinciden con sus postulados religiosos y conservadores.

Notas:


(2) http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Bourdieu-P....ólica.-Religión-y-pol%C3%ADtica.-Editorial-Biblos.compressed.pdf

































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Fuente: Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG): http://www.celag.org/iglesias-evangelicas-poder-conservador-latinoamerica/

Fuente: Servindi

miércoles, 15 de noviembre de 2017

La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales.



"La corrupción socava la democracia y el acceso a los derechos fundamentales". En estos términos se refirieron los 24 organismos miembros de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) de las Américas al fenómeno de la corrupción.

La expresión se produjo en un seminario internacional que busca analizar los vínculos entre derechos humanos y corrupción, el contexto regional de este fenómeno a gran escala, los desafíos de las normas internacionales y regionales relativas a la lucha contra la corrupción, así como las buenas prácticas de mecanismos y estrategias judiciales.

El Perú fue elegido como sede por haber sido precursor en la creación de instrumentos nacionales de lucha contra la corrupción, pero porque al mismo tiempo posee elevados y sostenidos índices de corrupción.

Entre las principales conclusiones preliminares de la jornada del lunes se destacó que la corrupción no vulnera únicamente el patrimonio público sino también derechos fundamentales como el acceso a la educación, la salud y la justicia. Que esas vulneraciones pueden ser directas e indirectas y afectan desproporcionadamente a los más pobres y que se presenta tanto con gobiernos de izquierda como de derecha.

En nuestra región existe un alto correlato entre vulneración de derechos e índices de corrupción. En países con altos niveles de crímenes y violación de derechos humanos, la corrupción afianza la complicidad de las autoridades con los carteles de las drogas.

En algunos países, a través de la corrupción se logra acaparar las tierras, desviar fondos estatales. En otros Estados operan incluso bandas criminales instaladas en la esfera pública con el objetivo único de lucrar lejos de todo objetivo de interés y bienestar general.

El carácter oculto de la corrupción y las distintas formas que adopta, son elementos que dificultan su investigación. No obstante, existen marcos normativos internacionales con estándares para la lucha contra la corrupción que deben ser conocidos y aplicados. El desafío allí reside en vincularlos a los instrumentos de defensa de los derechos humanos para amplificar su llegada.

En el contexto local, los participantes expresaron su preocupación por la grave situación de corrupción en el Perú, reflejada en el caso “Odebrecht” (entre varios otros) que involucra a las élites públicas y empresariales del país y de otros de la región.

“Los crímenes de lesa humanidad no pueden ser indultados y los gobiernos no deben instrumentalizar el derecho para obstaculizar el trabajo de los fiscales que investigan a personas potencialmente involucradas en hechos de corrupción. Solicitamos independencia de la justicia y transparencia en la lucha contra este flagelo.” señalo Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH quien se encuentra presente en Lima con ocasión de este evento.

Estos esfuerzos nacionales y regionales tendrán que ser complementados a largo plazo por políticas públicas eficaces para combatir la corrupción, como por ejemplo, el establecimiento de alianzas certeras y duraderas, el refuerzo o la introducción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el manejo de los recursos públicos, la prevención, entre otros, que serán abordados en la jornada cerrada de debate que la FIDH y sus organismos miembros sostendrán hoy y mañana.
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Fuente: Servindi